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El régimen de coordinación en materia de protección civil y emergencias se regula actualmente en la ley 17/2015, de 9 de julio, por la que se deroga la anterior ley 2/1985, de 21 de enero, de protección civil y emergencias. Esta ley estableció un primer marco normativo de actuación para la protección civil, adaptado al entonces naciente Estado autonómico. La validez de dicha legislación fue confirmada por el Tribunal Constitucional a través de varias sentencias que reconocieron al Estado su competencia, derivada del artículo 149.1.29.ª de la Constitución y, por tanto, integrada en la seguridad pública, no sólo para responder frente a las emergencias en que concurra un interés nacional, movilizando los recursos a su alcance, sino también para procurar y salvaguardar una coordinación de los distintos servicios y recursos de protección civil integrándolos en «un diseño o modelo nacional mínimo». Es de citar la sentencia del Tribunal Constitucional 133/1990 de 19 de julio, q

La seguridad constituye, como así viene establecido en la legislación española, el cimiento sobre el que la sociedad se puede desarrollar, conservando su libertad y la prosperidad de sus ciudadanos, y garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de sus instituciones. La legislación española reconoce distintos tipos de seguridad: privada, pública, ciudadana...pero sin duda una de las más importantes es la seguridad nacional. La seguridad nacional se regula en la ley 36/2015, de 28 de septiembre, sobre Seguridad Nacional. Se compone de 29 de artículos, distribuidos en 5 títulos, además de contar con cuatro disposiciones adicionales, una transitoria y cuatro finales. En el título preliminar, además de las disposiciones relativas a su objeto y ámbito, la ley establece las definiciones y principios generales que inspiran el concepto de Seguridad Nacional como Política de Estado, la Cultura de Seguridad Nacional, la cooperación con las Comunidades Autónomas, la col