ELITE FORM

El planeta está creciendo a un ritmo exponencial, a unos niveles drásticos que sin duda afectará a diferentes escenarios, considerados como descripciones de viajes hacia futuros posibles, que reflejan diferentes supuestos acerca de cómo se desarrollarán las tendencias actuales, cómo se comportan o se extinguen las incertidumbres críticas y qué factores nuevos entrarán en juego, según el programa de la ONU para el medio ambiente. Dentro de estos escenarios futuros podemos encontrar las megatendencias , definidas por la Oficina del Director del Consejo de Inteligencia como visiones críticas que alimentarán el futuro de los próximos 20 años. En primer lugar nos encontramos con el empoderamiento individual, el cual se acelerará debido a la reducción de la pobreza, el crecimiento de la clase media a nivel global, mayores logros educativos, el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC'S), tecnologías de producción industrial y mejoras de l

Dentro del campo de la seguridad, es necesario tener en cuenta la existencia de establecimientos e instalaciones que por sus características estructurales, funcionales, materiales de alta peligrosidad que manejan o debido a la gran concentración de personas que se resguardan en ellas requieren la adopción de unas medidas de protección específicas, por ser especialmente vulnerables a amenazas que pueden materializarse en un riesgo con los consecuentes daños y pérdidas que pueden devenir, sobretodo cuando se trata de amenazas de carácter terrorista. Es el caso de las infraestructuras críticas. Las medidas de protección de las infraestructuras críticas se regulan en la Ley 8/2011, de 28 de abril, que tiene como base de su elaboración la Directiva 2008/114/CE, del Consejo, de 8 de diciembre, de aplicación y designación de infraestructuras críticas y evaluación de medidas para mejorar su protección. Está estructurada en un Preámbulo, 18 artículos distribuidos en tres títu

El procedimiento administrativo común español estuvo regulado por la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. Esta ley ha quedado obsoleta en cuanto la digitalización de los medios de acceso y notificación de los interesados sobre sus resoluciones administrativas, y en especial en cuanto a la identificación de éstos en los procedimientos. La ley consta de un Preámbulo, 133 artículos distribuidos en siete títulos, cinco Disposiciones adicionales, cinco Disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria y siete Disposiciones finales. El Preámbulo de la citada ley hace mención a nuestra Carta Magna, mencionando el artículo 103 que establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La materialización de e